Más salpicaduras a la Asamblea Nacional. Según información de la Contraloría General del Estado a la que este Diario tuvo acceso, existen indicios de responsabilidad penal sobre ocho legisladores en funciones de distintas bancadas durante sus gestiones como funcionarios públicos en otras instituciones o como autoridades locales, siendo Salvador Quishpe, de las filas de Pachakutik, el que más de estos acumula. Les sigue Lenín Lara (UNES), Luisa González (UNES) y Jorge Abedrabbo (Partido Social Cristiano) con dos cada uno. Y Lenin Mera (UNES), Carlos Falquez (Partido Social Cristiano), Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática) y la misma presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), con un informe cada uno.

Estos nombres forman parte de una lista de 32 legisladores sobre los que el ente de control realizó un barrido de información para certificar la existencia o no de estos indicios tantos penales como civiles y otros.

La información revela también que 16 asambleístas de los 32 registran responsabilidades administrativas y civiles culposas, que han causado estado. Son 113 resoluciones confirmadas por la Contraloría con corte al 23 de septiembre pasado entre glosas, responsabilidades administrativas y órdenes de reintegro que suman un valor confirmado que supera los 35 millones de dólares. Solo el legislador Pabel Muñoz, de las filas de Unión por la Esperanza (UNES), registra dos millonarias glosas: una por 19’001.862,62 dólares y otra por 15’087.861,48 dólares. La primera por el arrendamiento e aeronaves durante su paso por la Empresa Pública Tame, y la segunda por el proceso de arrendamiento del Airbus A330 y la operación de ruta también por su paso por la empresa antes mencionada.

Quishpe también es el que más resoluciones de este tipo registra con 48, seguido de Falquez con 33. La titular del Legislativo cuenta con cinco. En un conversatorio con medios de comunicación, Llori precisó que las glosas “no significan robo”. Dijo que son procesos en los que quienes están implicados tienen la oportunidad de justificar. “Es un proceso para justificar o sino de pagar y subsanar el problema en estos procesos, ya sea dentro de la Contraloría o dentro de la Función Judicial. Son dos cosas”, dijo la presidenta del Legislativo, quien insiste en la existencia de una conspiración para desprestigiar la imagen de la Asamblea Nacional y de su titular.

Esta información se suma a otras que ciernen cuestionamientos sobre la actual gestión de la Asamblea Nacional. Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Legislativo, es investigada por el presunto tráfico de cargos públicos. El legislador Eckenner Recalde fue denunciado en la Fiscalía por sus ahora excolegas de bancada por supuestamente solicitar el pago de diezmos a sus colaboradores.

A los que se suman, las críticas al supuesto contrato para la compra de vehículos de alta gama por parte de la Presidencia de la Asamblea y el uso de fondos públicos para pago de masajes durante un viaje a territorio de la presidenta Llori. La misma aludida ha desmentido. Calificó a las facturas recientemente reveladas sobre el pago de masajes como falsas y dijo que presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Y la lista sigue y se engorda.