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Fiscal habla de privilegios de procesados, Lasso responde

Diana Salazar debía acudir ayer a la audiencia revocatoria de la prisión de Pablo Celi . Pidió diferimiento de la diligencia por un problema de salud

marcelo ron
Defensa. Marcelo Ron defiende al contralor Pablo Celi. El abogado acudió ayer a la Corte Nacional de Justicia.René Fraga

En tres trinos en su cuenta de Twitter la fiscal general Diana Salazar denunció gozo de privilegios, cobro de favores, entre otros temas.

La funcionaria escribió los mensajes una hora antes de la audiencia revocatoria de la prisión preventiva dictada en contra del contralor Pablo Celi, uno de 13 procesados por posible delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Salazar pidió diferimiento de la diligencia por un percance en su salud y porque dijo que la quiere atender personalmente. “Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones”, manifestó.

Marcelo Ron, defensor del contralor Pablo Celi, quien sí acudió a la Corte, se mostró sorprendido porque dijo que la fiscal podía haber delegado a Wilson Toainga, su subrogante, como ya lo ha hecho antes. “Considero que lo que quieren es seguir dilatando, como no hay elementos jurídicos para que esté preso el contralor Pablo Celi”, mencionó.

MARCELO RON

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Al mensaje escrito por la fiscal le antecedieron dos más en los cuales alertó que “mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable”.

Insistió: “no cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano”.

El presidente de la República Guillermo Lasso le respondió a la fiscal por la misma red social. “Con relación a su denuncia le solicito precisar si algún funcionario de mi Gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia”, dijo.

Y la fiscal respondió que es es legítima la preocupación del mandatario “pero no son funcionarios de su Gobierno, sino exautoridades y personal de otras funciones y “ciudadanos ilustres”, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C”.

EXPRESO buscó una opinión de al menos 10 juristas, funcionarios de Gobierno, expresidentes de la Corte, exfiscales y otros, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Quien sí se pronunció fue un ex fiscal general del Estado que pidió la reserva de su nombre. Para él, lo mencionado por la fiscal es grave, pero también demuestra su valentía, al “decir algo que todo el mundo sabe y no se quiere decir abiertamente”. Añade que lo que ella señala es cierto, porque hay muchas presiones que se ejercen sobre esa función de personas que tienen poder o influencia.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, asegura que es preocupante lo que ha dicho la fiscal, pero cree que es indispensable que “concrete las cosas, no nos deje insinuaciones, sino que se hablen las cosas con absoluta claridad”. Para Rodas, las cosas que ha dicho la funcionaria deben ser perfectamente comprendidas por el país, sobre a quienes se refiere y de qué temas trata.

Recalca que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad debe estar sometida a ninguna presión. Y que el país requiere que se le diga el contexto de las circunstancias a las que se refiere.

El comisionado acota que el país, en momentos como los actuales en los que se lucha contra la corrupción, “debe tener certezas de lo que se le está diciendo, no podemos vivir de insinuaciones, y las autoridades no nos pueden mantener informados por Twitter”.

Las afirmaciones de la fiscal se dan en el contexto del denominado caso Las Torres, en el que la Fiscalía investiga un posible delito de delincuencia organizada en contra de 13 personas involucradas en el posible cobro de coimas a contratistas de Petroecuador, a cambio del supuesto desvanecimiento de glosas y la agilización del pago de planillas.

La audiencia será el 21 a las 11:30. Según su defensor, el contralor permanece incomunicado y en delicado estado de salud.

El detalle

Instrucción. La investigación por el caso Las Torres durará 120 días. Cinco sospechosos fueron vinculados al caso que investiga la Fiscalía.