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En PAIS reconocen vacíos en la ley de paraísos fiscales

Legisladora oficialista ve necesario reformar el trámite previsto para juzgar a las máximas autoridades. La opción es reforzar el rol de la Contraloría General.

21 abr 2017 / 00:00

El proyecto de ley de paraísos fiscales (que regula la prohibición de que los funcionarios públicos tengan bienes en esos territorios) tiene algunos vacíos legales. Lo reconocieron integrantes de PAIS después del primer debate a esa iniciativa del Ejecutivo.

Ayer, la oficialista y vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Mariángel Muñoz, dijo a EXPRESO que algunos puntos del proyecto son ambiguos y chocan con la Constitución. “Tenemos que analizar lo que sea viable”, adelantó.

Uno de esos puntos es la destitución del presidente o el vicepresidente de la República con bienes y capitales en paraísos fiscales. Ellos, según el texto en discusión, serán llamados a juicio político en la Asamblea. Sin embargo, eso no garantiza que sean despojados de sus cargos porque todo dependerá de la votación. Para ello se necesitarían 92 votos a favor, es decir el equivalente a las dos terceras partes del Legislativo.

Para Muñoz, ese vacío legal tendría dos alternativas de solución. La primera es que no exista el juicio político y se aplique el causal de revocatoria del mandato. En ese caso, se otorgaría a la Contraloría esa facultad, explicó. La segunda vía sería entregar la competencia para la destitución al contralor del Estado mediante un proceso administrativo.

Otra salida sería una reforma a la Constitución, que establece las causales de destitución para el primer y segundo mandatario. Entre ellas, actualmente, no está incluida la de tener propiedades o recursos en paraísos fiscales.

Según el exasambleísta de PAIS y actual independiente Christian Viteri, la pregunta de la consulta popular, que dio origen a la prohibición, puede impedir que sean candidatos; sin embargo, no topa a esas autoridades. “La salida sería hacer una enmienda constitucional porque es inaplicable a esos funcionarios”, dijo a este Diario.

Él recordó otras ambigüedades del proyecto, que ya fueron advertidas por EXPRESO en marzo. Por ejemplo, la norma impide poner esos bienes a nombre de familiares hasta segundo grado de parentesco o de terceros vinculados, pero “eso es indefinido”, sentenció. “Está prohibido vender a un amigo”, añadió.

El proyecto de paraísos fiscales se presentó después de la consulta popular que se hizo en la primera vuelta electoral, el 19 de febrero.

A LA CARTA