La banca actual, siendo eminentemente técnica, está sometida a un sinfín de criterios políticos que tergiversan su terreno. Las estadísticas, como en cualquier otra actividad económica, no dejan espacio a la especulación. Los indicadores de liquidez, resultados, solvencia y morosidad no dan lugar a dudas sobre su desempeño. La tarea está en la inclusión: el 51 % no tiene acceso a los servicios financieros. La superintendente de Bancos, Ruth Arregui, aborda esta problemática.

- ¿Se ha hecho poco en inclusión financiera?

- El asunto es que lo poco que hemos hecho lo hicimos de manera desarticulada. No existen incentivos en unos casos y en otros están mal direccionados. En el 2008 pasamos una norma sobre corresponsales no bancarios y ya los tenemos.

- ¿Es el único hecho trascendental para la inclusión?

- Eso hace un antes y un después. Los tienen el Pichincha, Guayaquil, Pacífico, cooperativas y otras entidades. En su momento se dictó la normativa para la cuenta básica, que es importante porque tiene menos requisitos y propósitos definidos, limitados. Para abrir una cuenta se baja el nivel de requisitos y, por tanto, debe bajar también la exposición del riesgo que tiene cada cuenta. En su momento, desde el BancoCentral hicimos una importante inversión en términos de mejorar el sistema nacional de pagos porque está comprobado, por estudios del Banco Mundial, que si usted logra incorporar pagos de bajo valor dentro del sistema de pagos mejora la capacidad de generar capilaridad, entendida como mayor cobertura geográfica.

- En educación falta mucho.

- No tenemos un programa que contemple de manera integral todos los pilares. Por ejemplo en acceso (red extendida de canales, cajeros, corresponsales no bancarios) hay un avance en el diseño de los cajeros, hay un mundo diferente; ahora tenemos varios medios de pago, tarjetas de crédito y débito, por ejemplo. Han ido migrando los conceptos de atención al cliente. El programa de inclusión busca a todos los que no han podido acceder, a los que tradicionalmente han estado al margen de los productos y servicios bancarios. El otro pilar es el uso. Una cosa es tener un medio de pago y otra es que usted lo utilice, que realmente le sea útil.

- ¿Qué problemas enfrentan en el tema de educación?

- La Super recibe unas contribuciones que vienen de las instituciones controladas y se calculan de los activos de la banca. Este año hemos cerrado con alrededor de $ 74 millones de recaudación, que deben servir para lo que dice la ley: para el control y supervisión que hace la Superintendencia. Pero el Ministerio de Finanzas ha empezado a poner techos a los presupuestos de las instituciones. Finanzas no ha tomado en cuenta que el techo es para las instituciones que dependen del Presupuesto General del Estado. La Superintendencia no se financia con el PGE sino de estas contribuciones que solo pueden ser gastadas en este fin; supervisión y control. ¿Cuánto? $ 49 millones, eso es lo mínimo con lo cual la Superintendencia puede operar, quedan $ 28 millones. Hemos solicitado que con esa cantidad constituyamos a este programa de inclusión que va a operar con un fideicomiso en administración de manera privada, pero que tenga el propósito específico de explosionar la inclusión a través de los fondos concursables.

- En el Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (Cleif) se hizo la metáfora del águila que se corta las alas, el pico y se despluma. Se refería a que Ecuador debe, por ejemplo, poner una tasa activa más alta del tope que pone el Banco Central para dar crédito a una persona que tiene mayor riesgo. ¿Qué dice usted de eso?

- Los precios en toda la industria se ajustan a la oferta y a la demanda. En el caso del dinero, nosotros habíamos recomendado — hoy lo estamos haciendo nuevamente— que debe existir un sistema que más o menos establezca una banda, por riesgo… una banda técnicamente desarrollada o diseñada que incluya en la metodología de cálculo el concepto de riesgo asociado. En el momento en que las instituciones operen en esa banda se van a ir ajustando por la competencia, porque tiene que ir captando depósitos y mejorando el otorgamiento de los créditos.

- Esa banda debe fijarse con base en el riesgo de cada persona.

- Esta banda opera de acuerdo con el segmento de crédito. Una cosa es el crédito de consumo; otra el microcrédito.

- ¿Cree que se debe flexibilizar la tasa dependiendo del riesgo?

- Lo que creo es que el sistema que están ocupando ahora, que es fijación de un techo, es un muy mal sistema, porque si tiene un techo para cualquier tipo de producto, todos los negocios que están en esa industria se van a fijar en el techo, tenga la seguridad. Nadie va a bajar un centavo para tener más competencia. Si usted tiene una banda ahí sí va a tener un poquito más de este ejercicio.

- ¿Este sistema está siendo debatido o va a ser debatido. ¿Hay que reformar una ley?

- Hemos venido conversando; este es uno de los obstáculos de la inclusión financiera, esa es una realidad. Desde que estoy posesionada he venido insistiendo en que tengamos un sistema que sea técnico, que sea desarrollado de una manera técnica, apropiada, pero que además contemple exactamente la exposición de riesgos que realmente se genera.

- ¿Están avanzadas las negociaciones?

- Sí, están avanzadas las discusiones. La Superintendencia de Bancos está ya con un estudio claramente definido y nosotros lo vamos a presentar ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que es el organismo al que nos corresponde presentarlo, seguramente, hasta fin de este mes.

- El manejo de liquidez es bueno, pero aún el BCE tiene como $ 4.000 millones. ¿En algún momento podría liberarse al menos una parte de esos recursos?

- Cuando usted me decía qué nos falta de Basilea, ahí tenemos un problema en la regulación de la liquidez, ahí no es que nos falte Basilea, sino que la regulación de la liquidez está salida de todos los estándares, no solo de Basilea. En general, la regulación lo que busca es establecer un encaje que es como funciona en todos los países, hay que corregir; esta es una distorsión en el marco regulatorio. La Superintendencia de Bancos tiene capacidad y régimen sancionatorio para el sistema bancario, no tiene régimen sancionatorio para la Seguridad Social. Ese, por ejemplo, es un elemento que hay que considerar.