Este periodo de sesiones marcará el regreso a las audiencias presenciales de la Corte, tras casi dos años debido a la pandemia de la covid-19, aunque de momento, se llevarán a cabo sin público, informó el tribunal este viernes.

La primera audiencia será del caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente contra Guatemala, que se realizará el 9 de febrero.

Este caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva, el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en su territorio, y la ausencia de recursos adecuados y efectivos para demandar el amparo de sus derechos.

El 10 de febrero será el turno del caso Flores Bedregal contra Bolivia, el cual se refiere a la presunta desaparición forzada en 1980 del dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, Juan Carlos Flores Bedregal, y la aparente impunidad en la que se encuentran los hechos.

El 11 de febrero la CorteIDH llevará a cabo la audiencia del caso Trabajadores Cesados del Congreso de la República contra Perú, la cual se efectuará de manera virtual.

Este caso se refiere a las presuntas violaciones a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y trabajo, en perjuicio de 192 personas que fueron cesadas del Congreso de Perú en el marco del programa de “racionalización de personal”, ejecutado durante la presidencia de Alberto Fujimori.

También el 11 de febrero se realizará de forma virtual la audiencia del caso Casierra Quiñonez contra Ecuador, que tiene que ver con la muerte de Luis Eduardo y las lesiones producidas a Andrés Alejandro, ambos de apellidos Casierra Quiñonez, presuntamente por parte de agentes de la Armada Nacional en 1999.

El lunes 14 de febrero, los jueces verán el caso Moya y Parrales contra Costa Rica, que se refiere a la imposición de una medida de responsabilidad en contra de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por la publicación, el 17 de diciembre de 2005, de un artículo periodístico en el diario “La Nación” en el que informaban sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica desde Panamá.

Uno de los agentes de Policía involucrados en la investigación presentó una querella por el delito de calumnias y difamación por medio de prensa, así como una acción civil resarcitoria en contra de los periodistas, quienes finalmente no fueron condenados penalmente pero sí al pago de una indemnización económica.

La última audiencia de este periodo de sesiones de la CorteIDH será la del caso Movilla Galarcio contra Colombia, acerca de la alegada desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.

La demanda contra el Estado indica que existen múltiples elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir la desaparición de la víctima al Estado en el contexto del conflicto armado interno.