Falta de control. Duplicidad del número secuencial de los vuelos, nombres incompletos de la tripulación y de los pasajeros y, sobre todo, grandes diferencias entre el número de vuelos reportados por el Servicio Aeropolicial y lo verificado por un equipo auditor en los libros de operaciones. Esas fueron algunas de las inconsistencias halladas por la Contraloría General del Estado en la investigación que hizo al uso de las aeronaves policiales entre el 1 de enero de 2013 y el 6 de marzo del año pasado.

La auditoría fue anunciada tres días después de que el helicóptero Fénix 1 de la Policía se accidentara en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, el pasado 4 de marzo. En la aeronave viajaban el piloto, el copiloto y el general Enrique Espinosa de los Monteros junto a su esposa, quienes resultaron golpeados.

La Contraloría indicó en ese entonces que el Comando de la Policía había informado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que la nave fue usada “sin la autorización de la Dirección General de Operaciones y la Comandancia”, por lo que decidió extender el período analizado del 31 de diciembre de 2018 al 6 de marzo de 2019.

Según los resultados del examen especial, “la falta de políticas y procedimientos que garanticen la confiabilidad e integridad de la información de las misiones aéreas, originó que la Unidad del Servicio Aeropolicial no cuente con información suficiente de las operaciones, permitiendo que en los registros en los libros de operaciones se presenten inconsistencias”. En total, hay 2.182 vuelos en duda.

Esa falta de prolijidad en los procedimientos se detecta, por ejemplo, en la “forma manual” en la que se registran las misiones aéreas y en la inexistencia de datos estadísticos sobre las operaciones.

A la fecha de corte de la auditoría, el Servicio Aeropolicial (SAP) registraba bajo su poder 10 helicópteros y 3 aviones distribuidos a nivel nacional, en los que se habían realizado 15.083 viajes nacionales y 54 internacionales.

Las inconsistencias más amplias se detectan en el uso del helicóptero modelo AS350, con matrícula PN-126 y que hace base en Santo Domingo. Según la información proporcionada por el comandante de Operaciones a Contraloría, esa aeronave realizó 1.696 vuelos, mientras que el resultado de la auditoría señala que solo hizo 1.053. Es decir, 643 operaciones están en el aire.

Lo mismo sucede con el helicóptero modelo AS350 B3, con matrícula PN-142 y que hace base en Quito, y con el modelo R44 con matrícula PN-144 que también hace base en la capital. Cada uno registra más de 400 inconsistencias en la contabilización de sus vuelos.

Este Diario solicitó un pronunciamiento a la Comandancia General de la Policía el lunes pasado, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Con respecto al uso del helicóptero en el que el general Enrique Espinosa se transportó de San Vicente a Quito el 4 de marzo de 2019 y que sufrió un accidente, la Contraloría señala que, tal como lo había determinado la investigación policial interna en mayo del año pasado, “el general inspector hizo uso del helicóptero sin autorización ni conocimiento del director general de operaciones ni del comandante general de la Policía”.

En ese entonces, Espinosa estaba de vacaciones en San Vicente, Manabí, cuando, según su testimonio recogido en el informe, recibió una disposición de la Comandancia General para estar en Quito y dar la bienvenida a una delegación de la Iberpol.

“Al recibir esa disposición solicité el 3 de marzo al jefe del Servicio Aeropolicial que de ser factible me traslade a Santo Domingo de los Tsáchilas (...) adicionalmente recibí la llamada del jefe de Aeropolicial, quien me indicó la disponibilidad del vuelo y que, si las condiciones meteorológicas eran adecuadas, podrían llevarme a Quito”, declaró.

Consultado por EXPRESO sobre el tema, el general Espinosa prefirió no pronunciarse.

Los resultados de la investigación también salpican al jefe de la Unidad Aeropolicial de Manabí, quien no habría informado a sus superiores que en el helicóptero iba también una persona particular, y tomó la decisión de aprobar el viaje pese a que estaba franco. Y al comandante del Servicio Aeropolicial, por no comunicar al director de Operaciones ni al comandante de la Policía sobre el uso de la aeronave.

LA CIFRA. 2.182 inconsistencias encontró Contraloría en su investigación en el registro de vuelos.

EN CARNAVAL DE 2019

Autorizados los viajes de María Paula Romo. “Los vuelos 950 y 951 efectuados por el avión de matrícula PNE 220, de acuerdo con los documentos remitidos, fueron requeridos por la ministra del Interior conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional y contó con la autorización del comandante general de la Policía”, concluye la Contraloría en su informe, con respecto a los viajes que realizó María Paula Romo y el entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, el 2 y 3 de marzo de 2019, a bordo de un avión policial.

El supuesto mal uso del avión fue denunciado en julio del año pasado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, y fue una de las causales para el pedido de juicio político en contra de Romo, que terminó archivado.

Luego de las acusaciones, Romo aseguró que no existía ninguna irregularidad en sus actuaciones, pues los viajes los realizó en el marco del encuentro entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente Lenín Moreno. Luego del evento fue a pasar el feriado a Esmeraldas. Contraloría confirma que el uso del avión está justificado por cuestiones de seguridad.