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La intimidad, en riesgo con la cámara oculta

Expertos coinciden en que este derecho del presidente Moreno fue vulnerado. Hablan de un presunto delito de espionaje.

Quito /
17 sep 2017 / 00:01

Espionaje en el Palacio de Carondelet. Eso parecería el título de una película, pero no está alejado de la realidad, una que vuelve a enfrentar al presidente Lenín Moreno con su antecesor, Rafael Correa.

El pasado viernes, el primer mandatario informó que el Servicio de Protección Presidencial encontró una cámara oculta en su despacho, ubicado en el ala sur de la Presidencia. La situación puso en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad y el exceso de confianza del jefe de Estado.

Ambas posiciones son analizadas por algunos expertos, así como sus consecuencias legales. Ricardo Camacho, experto en seguridad, considera que se vulneró la intimidad del presidente Moreno y el sistema de vigilancia en el lugar más seguro del país: el despacho presidencial. El Servicio de Protección Presidencial no se dio cuenta de la existencia de la cámara, dijo. “Eso es imposible en un país con avances tecnológicos. Falló el barrido electrónico y físico del cuerpo de seguridad de la Presidencia”, comenta.

Desde el punto de vista legal, ¿cuál es el delito en este caso? Todo depende de los resultados de las investigaciones que empezó la Fiscalía desde el día de la acusación de Moreno.

Los presuntos delitos pueden ser el espionaje y atentar contra la seguridad del Estado, dicen los analistas consultados por este Diario. Coinciden en que hay violación a la privacidad del primer mandatario y un atentado contra la seguridad nacional porque en su oficina se discuten temas de peso para el país.

En el Código Integral Penal (COIP) no existe el delito específico de espionaje. Sin embargo, Milton Castillo, doctor en Leyes y excandidato a la alcaldía de Quito por Pachakutik, aclara que hay conductas de violación a la intimidad. Incluso, agrega, en este caso se confirma que hubo afectaciones a las políticas del Estado porque es un tema de seguridad nacional. “Moreno debería enjuiciar a Correa por alterar la seguridad del Estado. Si no lo hace, ratifica que está dispuesto a tutelar cualquier cosa del expresidente”, argumenta.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco y jurisconsulto Santiago Guarderas subraya a este medio que el delito puede encuadrarse en la figura del espionaje para el servicio militar y policial. Recuerda que Moreno es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En ambos casos las sanciones prevén la reclusión, explica Guarderas.

La Fiscalía General inició una investigación que tiene previsto durar 10 días. El mismo viernes, luego de la denuncia del primer mandatario, un equipo del ente judicial acudió al palacio de Carondelet para levantar información y evidencias del caso. Sin embargo, el mismo Moreno adelantó alguna información, como que la cámara está oculta desde hace siete u ocho años, siendo instalada, a su criterio, por orden del expresidente Correa. Además precisó que era monitoreada desde el teléfono celular del exmandatario, aunque no puntualizó si todavía puede manipularla desde su nueva residencia en Bélgica.

Ante este nuevo episodio que enfrenta a Moreno con Correa, otro analista tiene una lectura que se inmiscuye en el ámbito de lo político. El director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, Napoleón Saltos, dice que este nuevo caso de la política nacional parte de la disputa entre Correa y Moreno, donde el control es un instrumento en el ejercicio del poder. “Correa mantiene resortes de control sobre la justicia, los organismos de control e inteligencia. Hay disputa entre esas dos facciones para dirimir quién toma el mando en la política”, argumentó.

Saltos destacó que no se actuó dentro de la norma. Hay que establecer responsabilidades.

A LA CARTA